Mié. Dic 2, 2020

Latino News

Noticias de Hazleton y el mundo

Fundado el 20 de mayo de 2013

10 años de prisión y sin patrimonio: para la ministra de deporte de República Dominicana, si no prueba el origen de sus bienes

Santo Domingo

El escándalo que destapó la periodista Nuria Piera al investigar la declaración jurada de patrimonio de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, podría terminar con una condena de 10 años de prisión y sin bienes, en el peor de los casos.

La funcionaria Taveras, ahora suspendida, está citada para este viernes en la Procuraduría y como ella, esta semana también serán interrogados la exdiputada Lucía Medina y el senador por San Juan, Félix Bautista, con la finalidad de que expliquen el origen de su patrimonio.

La Ley 311-14 Sobre Declaración Jurada de Patrimonio, en sus artículos 16 y 17, explica que los funcionarios están obligados a probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo y que, en caso de no ser probado, “la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados”. Lo que no pueda sustentar un funcionario, terminaría en manos del Estado.

“El patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito en favor del funcionario público o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados… Pasa a ser propiedad del Estado”, explica la normativa. Claro, estos bienes deben haber sido decomisados y pasar al Estado, por sentencia de un juez. El “cuarto grado de consanguinidad”, incluye a los padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos.

En el artículo 18, la misma Ley 311-14 explica que las sanciones por el enriquecimiento ilícito se castigan con cuatro a 10 años de prisión, también una multa equivalente al duplo del monto del incremento y la inhabilitación para ocupar funciones públicas durante 10 años, que se cuentan desde la salida de prisión.

Es la Cámara de Cuentas la institución encargada de materializar esta Ley Sobre Declaración Jurada de Patrimonio, aprobada en 2014 cuando Danilo Medina agotaba su primer mandato presidencial. Y es el Ministerio Público el organismo que da apertura a una investigación “por presunción de enriquecimiento ilícito”.

La ley también castiga con uno a dos años de prisión y 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central el falseamiento de datos que se incluyan en el documento de patrimonio.

“El Ministerio Público ha estado dando seguimiento al tema de las declaraciones juradas, ya se trate de funcionarios salientes, entrantes y casos que son omisos. Hemos estado citando a algunos de estos funcionarios para indagar sobre sus patrimonios o las razones por las que no han presentado su declaración jurada”, declaró recientemente el procurador adjunto de la Procuraduría Especializada dePersecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.

Camacho programó para mañana miércoles a la expresidenta de la Cámara de Diputados Lucía Medina, para el jueves, al senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y para este viernes a la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Los tres deberán explicar su declaración jurada de bienes.

Por Natali Faxas / Acento.com.do