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ONU preocupada por ataques y represión contra activistas y recomienda aprobar 3 causales

ONU preocupada por ataques y represión contra activistas y recomienda aprobar 3 causales

Santo Domingo.- El Sistema de las Naciones Unidas expresó preocupación por la intoxicación provocada a mujeres activistas por los derechos humanos, y por la represión policial contra el campamento que se instaló frente al Congreso Nacional, al tiempo que recomendó a la República Dominicana la despenalización del aborto en las tres causales.

Advirtió que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes

El Sistema de las Naciones Unidas declaró que observa con “gran preocupación” las alegaciones sobre un intento de intoxicación durante el pasado fin de semana a algunas de las personas defensoras de derechos humanos que lideran el movimiento de la sociedad civil por las tres causales.

Asimismo, resaltó las denuncias realizadas a través de redes sociales sobre agresiones y uso excesivo o desproporcionado de la fuerza durante la madrugada del martes por parte de agentes policiales, contra las mujeres que se instalaron de manera pacífica frente al Congreso Nacional.

“Acogemos con beneplácito la celeridad con que la Procuraduría General de la República inició una investigación preliminar sobre la denuncia de los hechos ocurridos durante el fin de semana y hacemos un llamado a las autoridades competentes a realizar investigaciones oportunas, imparciales e independientes frente a estas alegaciones”, precisó la ONU en un comunicado.

Indicó que de ser confirmados estos hechos, podrían constituir un serio atentado a los derechos humanos a la vida y a la integridad física, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Consideró que de ser confirmadas las denuncias se pondría de manifiesto la imperiosa necesidad para el Gobierno de adoptar medidas eficaces para evitar un entorno profundamente hostil, de descrédito y de desprotección de las personas defensoras de derechos humanos, activistas sociales y periodistas que apoyan la inclusión de las tres causales en la actual reforma al Código Penal.

“Desde el Sistema de las Naciones Unidas rechazamos y condenamos todo acto de violencia y toda violación o amenaza de violación a los derechos humanos”, expresó.

Destacó la importancia de respetar el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, que pone énfasis en que cualquier uso de la fuerza por parte de los agentes policiales sólo es procedente cuando es estrictamente necesario.

Agregó que ese uso de la fuerza debe de hacerse en una medida equivalente al acto que se pretende disuadir, bajo las hipótesis que el ordenamiento jurídico establece y utilizando los procedimientos y medios reconocidos legalmente.

El Sistema de las Naciones Unidas exhortó a todos los actores de la sociedad dominicana a mantener una postura de diálogo inclusivo con todas las partes interesadas y a abstenerse de realizar cualquier acción que pueda poner en riesgo el Estado de Derecho, los principios de participación democrática, y vulnerar los derechos humanos en la República Dominicana.

Asimismo, reiteró que en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se recomienda a la República Dominicana promulgar las medidas legislativas necesarias para despenalizar el aborto en sus tres causales.

Recoerdó que en 2019, el Estado aceptó estas recomendaciones y se comprometió a ponerlas e práctica.

Recordó que la jurisprudencia de los mecanismos internacionales creados por tratados ratificados por la República Dominicana indica claramente que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Asimismo reiteró la importancia de asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, como parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a su dignidad y otros derechos humanos fundamentales.