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Legalidad de la Vacunación Requerida contra el COVID-19, Parte 2

Legalidad de la Vacunación Requerida contra el COVID-19, Parte 2

Por Alejandro Lladó**

Millones de personas celebran la preparación de la vacuna contra esta enfermedad impotente como un avance de la ciencia. Sin embargo, algunos individuos, ya sea por creencias religiosas o por miedo a reacciones secundarias, prefieren posponer o negarse a vacunar. Una pregunta que va ganando tracción entre los patronos y entidades educativas en estos meses es: ¿Puedo requerir que las personas que trabajen o estudien de forma presencial en la entidad u institución hayan completado su ciclo de vacunación?

            Después de varios estudios clínicos y seis meses de vacunación a la población general, las vacunas predominantes de Pfizer y Moderna han prevenido más del 90% de contagios potenciales de COVID-19. Este patrón no se ha alterado con las nuevas variantes ya que, en Estados Unidos, uno de los países con mayores porcientos de vacunación a nivel global, los casos han disminuido en un 92% desde enero. Esta evidencia robusta sobre la efectividad de las vacunas es lo que ha propiciado que algunos ambientes requieran alguna de las vacunas contra el COVID-19 a toda persona que sea empleado u estudiante, en el caso de instituciones universitarias.

            Varias empresas multinacionales han aprobado directrices en las últimas semanas para designar la vacunación de empleados como una compulsoria. Otras empresas han aprobado requerir la vacuna solamente, para los empleados recién contratados. Dos terceras partes de los patronos ha considerado requerir la vacuna a las personas que laboran en su ambiente de trabajo. Una propuesta que se ha implementado en algunas empresas es compensar con bonificaciones o días de vacaciones adicionales a los empleados que completen su ciclo de vacunación.

            Cientos de universidades en los Estados Unidos le están requiriendo a sus estudiantes tener sus dos dosis de la vacuna, si optan por volver a tomar clases presenciales en agosto. Paradójicamente, en Puerto Rico ninguna universidad ha anunciado públicamente que va a ordenar a sus estudiantes a vacunarse si quieren tomar clases presenciales el semestre que viene. Las universidades con más estudiantes internacionales están más propensas a implementar ordenanzas para requerir la vacunación en sus estudiantes, debido a la cantidad significativa de estudiantes que viene de países donde no se ha controlado la pandemia como en E.E.U.U. o Puerto Rico.

            El requerir la vacunación a personas que frecuenten un lugar o ambiente de trabajo, no esta libre de controversias legales. Primero, hay individuos que legítimamente plantean que estas directrices discriminan por religión o condiciones médicas. Cualquier ordenanza para implementar la vacunación compulsoria, tiene que establecer un mecanismo de excepción por religión o personas que tengan una orden médica que no les permita vacunarse, al momento. El no contener las excepciones mencionadas en una orden de vacunación compulsoria, violaría las secciones 1 y 8 de nuestra carta de derechos, que estipulan que se tiene que respetar la dignidad y vida privada del individuo.

            Otra controversia es requerir la vacunación a empleados de forma prospectiva, si se te contrato después de respectiva fecha. Esta regla puede ser discriminatoria por la fecha de ingreso a la entidad, debido a que la fecha de contratación no tiene ninguna relación con los riesgos salubristas del COVID-19 ni la vacuna. Una directriz de esta naturaleza puede crear una clasificación preferencial a favor de empleados con más experiencia laboral y en muchos casos de mayor edad.

            Una tercera controversia es si eximir de un requisito de vacunación compulsoria a empleados y contratistas independientes que trabajen de forma remota. El riesgo salubrista de que una persona no vacunada, que vaya ocasionalmente a la oficina es negligible. Se debe explorar como alternativa el trabajo remoto para algunos empleados que no deseen vacunarse y eximir de un requerimiento de vacunación compulsoria a los empleados que ya antes de la pandemia cumplían con sus funciones, mayormente de forma remota.

            Las controversias jurídicas relacionadas a ordenanzas que establezcan la vacunación compulsoria en las universidades o ambientes de trabajo se tienen que evaluar con un escrutinio estricto. Un escrutinio estricto es el método de análisis que se usa para evaluar leyes o reglas de entidades públicas o privadas que limiten los derechos fundamentales bajo la constitución. En una demanda relacionada al derecho de no obligar a una persona a vacunarse contra el COVID-19, el demandado tendrá el peso de la prueba. La entidad que requiere a alguien a vacunarse contra esta enfermedad tiene que cumplir con dos criterios:

(1) Un interés apremiante en proteger la salud de sus empleados.

(2) La vacunación es el método menos oneroso para lograr el objetivo de erradicar una enfermedad en particular.

Esta claro que el interés de las empresas u instituciones en proteger a estudiantes o empleados es uno apremiante.

En gran parte de los contextos la vacunación es el método menos oneroso para lograr el objetivo de erradicar la pandemia del COVID-19. Por el contrario, hay que crear algunas excepciones a cualquier requisito de vacunación compulsoria entre ellas:

(1) Preparar un relevo de responsabilidad para aquel empleado o estudiante que no desee vacunarse por creencias religiosas o condición médica.

(2) Eximir a empleados regulares o contratistas que trabajan regularmente en modalidad remota desde el hogar u oficina propia.

En las pasadas semanas ya se han radicado algunas demandas relacionadas a la controversia de la vacunación compulsoria, contra algunas instituciones que la promueven. Estará por verse si demandas basadas en el derecho a vacunarse prevalecerán en su día en corte.

** Maestría en Economía y Estudiante de Derecho.

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